Las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, sometidas a un proceso penal que consideran “injusto”, afirmaron este lunes que solo aceptarán la “total exoneración de las acusaciones” que les hace la Fiscalía Municipal de Matanzas.
La Declaración por la Dignidad y la Justicia, publicada en el laboratorio de ideas CubaXCuba deja clara la postura de ambas mujeres, que rechazan su enjuiciamiento “como delincuentes comunes” y despoja a la parte acusada y a la acusadora de motivaciones políticas.
El órgano acusador en sus conclusiones provisionales solicitó cuatro años de privación de libertad para López Hernández, por los delitos de “desobediencia”, “desacato” y “atentado” y para Pantoja Torres, tres años, por “atentado”. Tales sanciones podrán ser “sustituidas alternativamente por trabajo correccional sin internamiento" en igual período de tiempo.
Aunque ellas fueron las agredidas, las penas de privación de libertad fueron solicitadas la semana pasada, más de 11 meses después de que las activistas fueran arrestadas con violencia, el 18 de junio de 2024.
Las activistas opinan que la obediencia a la sentencia representaría conceder credibilidad a las imputaciones falsas contra ellas, cuyo único fin es evitar el ejercicio de derechos refrendados y aprobados en la Constitución de la República y enviar un mensaje ejemplarizante a los cubanos.
Las académicas defienden su posición y rechazan el tratamiento diferenciado con el que las tratan las autoridades: “En las instituciones carcelarias cubanas sufren mujeres y hombres cuyos delitos, injustamente imputados, son similares o más leves incluso que los atribuidos a nosotras; por lo tanto, nos negamos a ser objeto de privilegios frente a un sistema judicial elitista, racista y antipopular”.
El manifiesto señala que el subsidio de la sanción de cárcel por trabajo correccional sin internamiento no pretende beneficiar a dos mujeres profesionales en edad madura, sino que “es puro cálculo político del Estado cubano para evitar un mayor escándalo”.
“Nos negaremos a acatar el trabajo correccional sin internamiento por considerarlo totalmente inadmisible y lesivo a nuestra dignidad humana”, dice el comunicado.
Las dos intelectuales gozan de un amplio respaldo popular, mediático, diplomático y de organizaciones internacionales de diversas tendencias políticas.
“Estamos dispuestas a exponer, ante la opinión pública global y los organismos internacionales, la carencia absoluta del rango de ciudadanía con plenitud de derechos para los cubanos, a los que se les impide el ejercicio y disfrute de los más elementales derechos y garantías”, apunta el comunicado.
“No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica para interpelar a un gobierno que los ignora y aplasta. Tampoco deseamos ir a prisión; pero estamos dispuestas a correr los riesgos necesarios para hacer válido el ejercicio de nuestros derechos”, recalca.
“Pedimos a nuestros compatriotas y al mundo, solidaridad con nuestra causa y con la de todas las personas presas por motivos políticos en Cuba”, concluye la declaración.
El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incluyó en su compilación a la fiscal provincial de Matanzas, Ana Lilian Caballero Arango, y a la agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) María Juantorena Herrera, que agredió a ambas académicas en 2024.
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