La fiscal provincial de Matanzas, Ana Lilian Caballero Arango, fue incluida en la lista de Represores Cubanos por solicitar 4 y 3 años de privación de libertad, respectivamente, sustituida por trabajo correccional sin internamiento, contra las académicas disidentes Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.
Caballero Arango acusó a las académicas de delitos como "desacato, desobediencia y atentado" por manifestarse pacíficamente en reclamo de cambios políticos y socioeconómicos en el país.
"La procuradora se basa en una versión llena de falsedades de la detención arbitraria de las dos activistas cuando se dirigían a La Habana el 18 de junio de 2024 para realizar su protesta pacífica, sentadas en un parque, los días 18 de cada mes", señala en el expediente abierto de Caballero Arango el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC).
La organización acusa a la fiscal matancera de "prevaricación" y "crímenes de lesa humanidad", específicamente de "persecución por motivos políticos", y la clasifica como represora de cuello blanco.
Represores Cubanos también incluyó en su lista a la oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) María Juantorena Herrera. "Ha sido acusada de agredir brutalmente a las intelectuales disidentes Alina Bárbara López y Yenny Pantoja después de interceptar, el 18 de mayo de 2024, en el punto de control de Bacunayagua, el auto de alquiler en que las dos historiadoras viajaban de Matanzas a La Habana".
Juantorena Herrera ha sido señalada como una "represora violenta" por los delitos de "lesiones, golpizas y abuso físico", y los crímenes de lesa humanidad de "tortura" y "persecución por motivos políticos".
Las autoridades judiciales comunicaron la semana pasada a las académicas cubanas López Hernández y Pantoja Torres, casi un año después de la ocurrencia de los hechos por los que las imputan, que enfrentarán juicio. Ambas han denunciado este proceso en su contra como una estrategia del régimen cubano para silenciar la disidencia política y estigmatizar a los opositores.
También han señalado las violaciones legales cometidas por las autoridades, como la violación del plazo de 180 días que establece en Cuba la ley de proceso penal para presentar el caso a tribunales.
En los últimos años, el proyecto Represores Cubanos ha incluido en su lista a varios miembros del aparato judicial cubano implicados en procesos contra opositores políticos y manifestantes pacíficos, incluidos los de las protestas del 11 de julio de 2021.
Algunos de estos jueces y fiscales han emigrado a Estados Unidos pese a su estrecho vínculo con el régimen de la isla.
Represores Cubanos ha identificado a más de 100 exfuncionarios, jueces y oficiales del régimen comunista en EEUU. Algunos de ellos han decidido retornar a la isla, y otros se encuentran bajo custodia de la justicia estadounidense.
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